Condenan a un ex asesor del bloque de diputados del PJ a 8 años de prisión por tráfico de drogas

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario condenó a 8 años de prisión a un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación como coautor del delito de tráfico de estupefacientes, en concurso real con el delito de coimas. Se dio por probado que en mayo de 2023 al ser requisado por Gendarmería el auto en el que viajaba por la autopista Buenos Aires-Rosario junto a otra persona, transportaba más de 90 pastillas de éxtasis y un envoltorio con marihuana. Luego, sobornó a un miembro de la fuerza de seguridad para que no dejara constancia del hecho.

En un fallo unánime, el tribunal integrado por la jueza Elena Dilario (presidenta) y los jueces Eduardo Rodrígues Da Cruz y Román Lanzón, dio por acreditada la participación en los hechos del imputado Hernán Diego García (53), en los términos y pruebas volcadas en el debate por la auxiliar fiscal Magdalena Borgonovo, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Rosario.

Diego García fue asesor de la ex diputada nacional y actual senadora provincial María Teresa García pero luego fue dado de baja como empleado de Diputados, informaron fuentes parlamentarias.

La investigación se sustentó en las actas preventivas, croquis y fotografías del procedimiento, test orientativos practicados sobre las sustancias, declaraciones testimoniales de los efectivos de la fuerza interviniente y el secuestro de los elementos vinculados al caso.

El caso tiene otro imputado que se encuentra prófugo y no pudo ser llevado a juicio. Se trata del acompañante de García, identificado como Alan Gabriel Vignolles, que en agosto de 2024 fue declarado rebelde y se libró para él una orden de captura nacional e internacional.

El hecho ocurrido el 14 de mayo de 2023 a la medianoche, cuando García conducía un vehículo Chevrolet Meriva, y llevaba como acompañante a Vignolles, cuando a la altura del peaje de General Lagos, en la mano hacia Rosario, fue interceptado por un control vehicular de rutina de Gendarmería Nacional.

Durante la requisa al rodado, se hallaron dentro de una bolsa 92 pastillas de éxtasis bicolores (una cara rosa y la otra blanca) con la inscripción del logo de la gaseosa “Sprite”, que estaban ocultas debajo del asiento del conductor. También se incautaron aproximadamente 3 gramos de marihuana en un envoltorio de nailon, 3.000 dólares y más de 40.000 pesos.

En ese marco, García ofreció una suma de dinero en dólares al personal de Gendarmería a cambio de que no le iniciaran las actuaciones preventivas, ni labraran actas de procedimiento. Por su parte, Vignolles dijo ser secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, y también intentó sobornar al personal de Gendarmería.

Al ser identificado, García también aseguró ser empleado administrativo en el Congreso de la Nación, y exhibió una credencial de asesor de la Presidencia del Senado. Sin embargo, desde ese organismo legislativo se informó a la fiscalía que no había emitido credencial a su nombre.

A su vez, la Cámara de Diputados de la Nación -donde sí había trabajado-, reportó que lo cesanteó el 8 de julio de 2024 en virtud del antecedente de una condena a 4 años y 2 meses de prisión como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con los delitos de puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa, nacional y extranjera; y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y de arma de fuego de uso civil. El fallo corresponde al Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco de su declaración indagatoria el 16 de mayo de 2023, García había negado las acusaciones. Y dijo que desconocía el material secuestrado debajo de su asiento, que seguramente “pertenecía a Vignolles”, de quien dijo desconocer que tenía pedido de captura. También negó haber ofrecido dinero al personal de Gendarmería.

El ahora condenado indicó que su relación con Vignolles se debía a que era consumidor, y las cosas que le pedía “eran para consumo”.

El juicio a García se inició el 5 de septiembre con alegatos de apertura de la Fiscalía, y continuó con audiencias donde se reprodujeron pruebas testimoniales, fundamentalmente de los gendarmes que participaron del control vehicular y dieron cuenta del hallazgo de la droga y del intento de coima.

Además, declararon el perito informático de la Policía Federal encargado de la extracción de la información del celular de García, y un perito químico que analizó el material estupefaciente secuestrado, quien certificó que el principio activo hallado en las casi 90 pastillas era “MDA”, una droga con propiedades alucinógenas y estimulantes incluida en el grupo del éxtasis, pero más potente.

El 22 de septiembre la auxiliar fiscal Borgonovo, previo fundar el rechazo de cada una de las nulidades planteadas por la defensa, formuló su alegato de clausura, instancia en la que valoró la prueba producida, y solicitó que se condene a García a 8 años de prisión -misma pena aplicada por el tribunal- como coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, en concurso real con el delito de cohecho activo consumado.

A su turno, la defensa, ejercida por la abogada particular Victoria Caporale, solicitó la absolución “frente a lo débil de la acusación y a lo improcedente del actuar de Gendarmería, a lo arbitrario de la forma en la que se manejaron”. Agregó que “no es viable sostener con la certeza que requiere esta altura ninguna de las dos conductas y atribuírselas al señor García”.

Al hacer uso de la palabra en la última jornada del juicio, reconoció que tenía problemas de consumo de estupefacientes, y que el hecho de estar detenido, lo motivó a querer “curarse”.

El 26 de septiembre pasado, en la última jornada de juicio, el tribunal dio a conocer el veredicto, y el 6 de octubre, los fundamentos del fallo. En línea con lo solicitado por fiscalía en el alegato, rechazaron las nulidades planteadas por la defensa y el pedido de absolución, y condenaron a García a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la pena.

Los jueces valoraron que la prueba reunida “acredita no solo el traslado de las sustancias ilícitas, sino el conocimiento del imputado sobre su existencia y naturaleza. La ubicación del material debajo del asiento del conductor, su reacción inmediata al ofrecer dinero a los agentes y las comunicaciones secuestradas, descartan la hipótesis de desconocimiento”, argumento que invocó en su momento la defensa.

El fallo concluye que la conducta de cohecho quedó acreditada con los relatos coincidentes de los gendarmes que participaron del procedimiento de detención del vehículo. Los agentes detallaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, tras el hallazgo del estupefaciente, el acusado le ofreció uno de ellos dinero para “arreglar” la situación.